Conjurar el paro nacional del 21 de noviembre

Escribe: Luis Guillermo Vélez Álvarez

Y los Petro-zombis, engañados por una farcsa revolucionaria saldrán a destruirlo todo por orden  del Foro de Sao Paulo y apoyados por partidos y movimientos de izquierda y políticos traidores de los colombianos.-

El Gobierno está cumpliendo con gran esfuerzo presupuestal los acuerdos suyos y los heredados del gobierno anterior con los maestros, estudiantes, etc.

El alza en las tarifas a los estratos altos para trasladar esos recursos a Electricaribe, se aprobó en el Congreso por iniciativa de algunos congresistas, no del Ejecutivo.

El paro nacional convocado para el 21 de noviembre no obedece a ninguna reivindicación legítima; se hace en contra de un Gobierno democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes, y es promovido por partidos y movimientos políticos vinculados a una organización internacional que impulsa una estrategia de desestabilización y debilitamiento de las economías capitalistas de América Latina, con el objetivo final de implantar las propuestas socialistas del Foro de Sao Paulo, consignadas en el documento Consenso de nuestra América. Es por tanto un paro político, antidemocrático y anticapitalista.

El Gobierno colombiano no ha presentado ningún proyecto de reforma laboral ni de reforma pensional, aunque está en su derecho de hacerlo y de aplicarlas si el Congreso las aprueba. También está en su derecho de crear un Holding financiero para administrar las propiedades del Estado y de privatizar total o parcialmente las empresas del Estado y destinar esos recursos a reducir el déficit fiscal y la deuda pública. La de Colombia no es todavía una economía socialista, sino una de propiedad privada e iniciativa individual.

Los partidos de izquierda, que quieren estatizarlo todo, pretenden lograr en las calles lo que no han conseguido en las urnas.

El alza en las tarifas a los estratos altos para trasladar esos recursos a Electricaribe, se aprobó en el Congreso por iniciativa de algunos congresistas, no del Ejecutivo, y fue votada por los congresistas de los partidos y movimientos que están auspiciando el paro. El Gobierno no ha presentado ninguna reforma tributaria, se ha limitado a radicar, por decisión de la Corte Constitucional, el mismo articulado de la ley de financiamiento que aprobó el Congreso el año pasado.

El Gobierno está cumpliendo con gran esfuerzo presupuestal los acuerdos suyos y los heredados del gobierno anterior con los maestros, estudiantes, funcionarios judiciales y comunidades indígenas. El Gobierno del Presidente Duque ha sido extremadamente respetuoso de la protesta social, brindando garantías a la movilización pacífica, pero enfrentando, como es su deber, a los violentos. De ninguna manera, se puede aceptar la pretensión de eliminar el ESMAD, como lo han propuesto algunas de las organizaciones promotoras del paro. Eso sería dejar nuestras ciudades a merced de los vándalos.

El paro, que carece de cualquier motivación legítima, es promovido por un conjunto de partidos y movimientos que hacen parte del Foro de Sao Paulo y por organizaciones sindicales controladas por esos partidos.

Cualquiera puede verificar la vinculación al Foro de las siguientes organizaciones promotoras del paro: Marcha Patriótica, Movimiento Progresista-Colombia Humana, Partido Alianza Verde, Partido Comunista Colombiano, Partido Polo Democrático Alternativo, Presentes por el Socialismo, Unión Patriótica y Movimiento Poder Ciudadano. Fecode, Asonal judicial y la Cut son unos sindicatos de industria abiertamente politizados y controlados desde hace mucho tiempo por las fuerzas de la izquierda radical. Fecode y Asonal judicial atropellan la Constitución, como lo vienen haciendo desde hace años sin que ello tenga consecuencias, porque esta prohíbe la huelga en los servicios esenciales como la educación y la justicia. Por su parte, la Cut proclama sin tapujos su simpatía con el Foro de Sao Paulo, publicando en su portal los documentos del XXV encuentro realizado en Caracas, en el cual se delineó la estrategia de desestabilización de los gobiernos democráticos de América Latina, que se está cumpliendo de forma cabal como fanfarronean Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

El documento programático fundamental del Foro de Sao Paulo es el llamado Consenso de nuestra América, elaborado por el Grupo de Trabajo del Foro, reunido en Managua, en febrero de 2017, bajo el liderazgo de los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; Venezuela, Maduro; y Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Para el Foro de Sao Paulo y sus partidos y movimientos lo que está ocurriendo en América Latina es una confrontación histórica destinada a acabar con las relaciones de producción capitalistas e imponer en su lugar el dominio del Estado en la vida económica y social.

Las modalidades de la lucha dependen de las particularidades de cada país.

El paro de 21 de noviembre es de naturaleza política y obedece a una estrategia internacional del Foro de Sao Paulo, del cual hacen parte los partidos y movimientos que lo promueven.

El paro es antidemocrático porque los partidos del Foro tratan de imponer por la fuerza lo que no lograron en las urnas. Los candidatos de los partidos del Foro, Fajardo y Petro, fueron derrotados en las elecciones presidenciales de 2018 y en las elecciones regionales del 27 octubre de 2019, a pesar de la victoria de algunos de sus candidatos abiertos o mimetizados en las principales capitales, en conjunto los partidos del Foro obtuvieron el 17% de los votos, lo que no les da derecho a gobernar desde las calles como pretenden hacerlo.

Habida cuenta de las experiencias recientes de Chile y Ecuador, el Gobierno debe anticiparse a los hechos y conjurar decididamente el paro del 21 de noviembre y las movilizaciones que se anuncian para esa fecha. No hay que esperar a que las bandas de encapuchados aterroricen la población, ataquen las fuerzas del orden y destruyan bienes públicos y privados, como ocurrió en esos países y como ha ocurrido en todas las movilizaciones “pacíficas” que desde el inicio del Gobierno del Presidente Duque se han realizado en las ciudades de Colombia.

Conjurar quiere decir impedir y evitar con previsión una situación que puede ser peligrosa y todas las evidencias apuntan a que la situación del 21 de noviembre puede serlo en grado sumo. El Gobierno nacional tiene la obligación de conjurarla declarando el estado de conmoción interior en las principales ciudades del país y haciendo uso de las atribuciones especiales consagradas en la ley 137 de 1994, especialmente la de restringir la circulación de personas y la de hacer uso de los canales de televisión y las frecuencias de radio para que el Presidente pueda dirigirse a la ciudadanía, rompiendo el bloqueo al que lo han sometido los principales medios.

No debería el Gobierno sentirse atemorizado por lo que dirán los políticos de la oposición izquierda o los medios de comunicación que tienen a su servicio: cualquier cosa que haga será censurada. Si declara el estado de conmoción será atacado por antidemocrático; si durante las movilizaciones se atenta contra la integridad de las personas y se destruyen bienes públicos y privados, el Gobierno será acusado por no haber impedido la acción de los “infiltrados”; si la fuerza pública actúa con determinación para impedir los desmanes, el Gobierno será acusado de hacer un uso excesivo de la fuerza. Nada de lo que haga el Gobierno, salvo su claudicación, será de buen recibo entre los promotores de ese paro que solo busca su debilitamiento.

Tampoco debe el Gobierno arredrarse frente a los ataques que vendrán de los Gaviria, Vargas Lleras, Irragorri, Benedetti, Barreras y los demás politicastros de los partidos viudos del poder, quienes, en lugar de oponerse abiertamente al paro, como deberían hacerlo, lo apoyan taimadamente, con la esperanza de que de este episodio salga un Gobierno debilitado que se vea obligado a formar un“gabinete de unidad nacional”en el que entren algunos de sus conmilitones, ese es su máximo anhelo.

De la Corte Constitucional hay que esperar que declare inexequible el decreto de conmoción interior alegando que esta procede cuando se ha turbado el orden público y no anticipando su turbación. Si el Gobierno no actúa preventivamente, pero, frente a la magnitud de los desmanes que seguramente se presentarán, decreta a posteriori la conmoción interior, esta también será declarada inexequible por la Corte aduciendo que se disponía de otros medios para recuperar el orden público.

En cualquier escenario el Gobierno pierde frente a la izquierda radical, los partidos viudos del poder, los medios bogotanos y la Corte Constitucional y no debería preocuparse por complacerlos o apaciguarlos. Pero, obrando con previsión, el Gobierno habrá ganado frente a la inmensa mayoría de los colombianos que conociendo muy bien el lado amable y conciliador del Presidente Duque, desean conocer su determinación y fortaleza para defender sus derechos. Las doscientas o trescientas mil personas que salen a vociferar y a cometer desmanes y cuyo derecho a la protesta se supone que hay que respetar, no son mucha gente y, definitivamente, no son el pueblo. El pueblo son los 45 millones de colombianos que permanecen en sus trabajos y sus hogares cuyos derechos al trabajo, a la libre circulación, a la propiedad y a la integridad personal también deben ser protegidos.

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