¿Dónde están las autoridades de Ibagué?

Escribe: Luis Hernando Granada C.

Andrés Fabian Hurtado; su mandato ha sido obsoleto y solo hay que darse una “vueltita” por Ibagué para comprobarlo.

Cuando uno trata de transitar por las calles de la ciudad, esquivando los cráteres, producto de la pésima administración… Cuando uno tiene que someterse a la espera de cuatro o cinco horas en una USI para que le apliquen la vacuna anti Covid… Cuando uno trata de defenderse o esquivar al delincuente que lo acecha en cualquier sitio de la ciudad… Cuando un  discapacitado busca una rampa para poder transitar… Cuando uno busca la manera de cruzar en verde un semáforo peatonal y se ve atropellado por los choferes que ignoran las señales de tránsito… Cuando uno busca un baño público y no lo encuentra… Cuando no se puede transitar por las calles porque está totalmente invadido el espacio público, no solo por los vendedores informales sino por el exagerado ruido que hacen los pregoneros a todo volumen… Cuando uno quiere recibir buen trato en el servicio de transporte público… Y en fin, cuando uno sueña con vivir bien en una ciudad hermosa, con tantos recursos y prebendas y no se puede porque sus gobernantes albergan en sus mentes retorcidas intereses mezquinos, viene la pregunta de rigor: ¡Dónde están las autoridades en Ibagué?

Y la pregunta se hace más obvia cuando los ciudadanos son atropellados por esas mismas autoridades, por las famosas “asustadurías”, que a pesar de conocer los hechos relatados por los afectados, no solucionan absolutamente nada. Y no es una sola queja; son miles de quejas que dejan en claro que las autoridades parecen no existir o “trabajar” para interesas mezquinos donde siempre el ciudadano tiene todas las de perder.

José Gabino Arévalo Barragán es un ciudadano tolimense, Periodista de profesión, además de discapacitado. Este ciudadano ha sido y sigue siendo atropellado por las autoridades municipales frente a la querella que realiza por el abuso en el cobro del Impuesto Predial.

Arévalo Barragán es el titular de un inmueble, por el cual en el 2017 pagó por concepto de Impuesto Predial, la suma de Cuatrocientos sesenta y seis mil pesos ($466.000); en el 2018 la factura llegó por Cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000); Quinientos sesenta y cuatro mil pesos ($564.000); y ahí empezó el problema porque se registra un abuso en el cobro de dicho gravamen, porque el avalúo del apartamento y el parqueadero presentaron un alza exagerada. La factura del 2020 llegó por Un millón quinientos cincuenta y un mil pesos ($1´551.000), y en el 2021 ascendió a la suma de Un millón ochocientos sesenta y ocho mil, seiscientos doce pesos ($1´868.612). En el cuadro se puede apreciar el abuso descarado de la Administración Municipal, que actuando como las empresas de servicios públicos, facturan a dedo.

FICHA CATASTRAL  No.TIPO INMUEBLEAÑO GRAVABLEVALOR COBRADOVALOR PAGADODIFERENCIA
01-13-0604-0053-901APARTAMENTO2017466.000,00466.000,000,00
01-13-0604-0033-901GARAJE201725.000,0025.000,000,00
01-13-0604-0053-901APARTAMENTO2018480.000,00480.000,000,00
01-13-0604-0033-901GARAJE201827.000,0027.000,000,00
01-13-0604-0053-901APARTAMENTO2019564.000,00564.000,000,00
01-13-0604-0033-901GARAJE201938.000,0038.000,000,00
01-13-0604-0053-901APARTAMENTO20201.551.000,00670.000,00881.000,00
01-13-0604-0033-901GARAJE2020102.000,0045.000,0057.000,00
01-13-0604-0053-901APARTAMENTO20211.868.612,00631.000,001.237.612,00
01-13-0604-0033-901GARAJE2021127.536,0047.000,0080.536,00

Sobre el particular, Arévalo Barragán envió dos Derechos de Petición; enviado a la Secretaría de Hacienda del municipio de Ibagué, con copia a Personería Municipal y Defensoría del Pueblo, pero estos dos últimos organismos no se han reportado; se han limitado a reenviar las respuestas sin fundamento que contesta la Secretaría de Hacienda.

El problema ha sido conocido por el IGAC y las “asustadurías”, pero el calvario de Arévalo Barragán sigue vigente. De igual forma, los Derechos de Petición van y vienen  de despacho en despacho sin que el afectado logré un estudio, revisión y conclusión justa.

Para dar a conocer la solicitud de Arévalo Barragán, transcribo a continuación, de manera textual uno de esos textos que no han tenido eco en los funcionarios de la Administración Municipal:

“Soy José Gabino Arévalo, una persona en condición de discapacidad física, en la actualidad dependo de una pensión de invalidez que me fue otorgada hace cinco años, estoy en conflicto con la administración municipal actual porque me están realizando cobro del predial del año 2018, según ellos corresponde a reajuste dejado de cobrar en esa vigencia. (Para ese entonces por el cobro tan exagerado y en vista que no se había ejecutado en totalidad el contrato de actualización catastral y a raíz de la marcha denominada el predialazo, el Concejo sancionó el acuerdo 001 del 26 de febrero de 2018, el cual en sus artículos da las reglas de juego para el cobro del IPU de ese año gravable)

Todo empezó porque en el año 2019,  el avalúo del apartamento y el parqueadero registrados a mi nombre, presentaron un alza exagerada, aunque se otorgaron unos beneficios para el pago que en algo alivió el bolsillo del contribuyente, pero que lógicamente nos afectaría para los años subsiguientes.

En el conjunto que resido 3 copropietarios decidimos presentar derecho de petición por el incremento de avaluó exagerado y además porque en ningún momento nos realizaron la visita previa de la que se mencionó en la mayoría de medios de comunicación local.

El derecho de petición lo presenté al IGAC el día 22 de enero de 2019, dos días después de llegar la facturación oficial emitida por la Alcaldía para cobro del IPU 2019; pasó el tiempo y no hubo respuesta y entonces procedí a cancelar el respectivo impuesto en el primer plazo otorgado para el descuento especial. El día 4 de abril del año 2019, fui notificado por email para la visita de campo por parte de un funcionario IGAC y me tocó ir hasta la oficina por el mencionado señor y traerlo; el revisó el apartamento y comentó que el avalúo no se modificaba porque era lo que se había dispuesto para el año 2019 y que no requería de visita previa porque el IGAC, anualmente actualizaba las fichas de acuerdo a unas instrucciones de Bogotá. Transcurrió el 2019 sin novedad ninguna en esta parte; el dolor de cabeza inició el 15 de febrero cuando llegó la facturación del IPU 2020, pues sin ninguna explicación estaba debiéndole al municipio un valor por supuesta reliquidación del predial del año 2018, los cuales ascendían a la suma de $999.074, entre capital e intereses de mora; desde ahí inició mi viacrucis que hasta la fecha y por temas de pandemia me han dilatado sin darme ninguna respuesta, he realizado derechos de petición y contestado arbitrariedades que me envía la Secretaria de Hacienda y no ha sido posible que me resuelvan nada; estos documentos también se han enviado con copia a Personería Municipal y Defensoría del Pueblo, pero estas entidades solo se han limitado a reenviar lo mismo que les contesta Hacienda y no me han asesorado para hacer valer mis derechos como ciudadano.

José G. Arévalo Barragán”

Sin apoyo de sus colegas

Como lo dije inicialmente, José Gabino Arévalo Barragán es un Periodista, y en medio de su optimismo, pretendió buscar la ayuda de sus colegas para denunciar el problema, pero todo lo que encontró, fue descubrir que el 99.3% de sus colegas, reciben pauta oficial y eso no les permite denunciar estos atropellos del Alcalde o de ningún funcionario de la Administración Municipal de Ibagué. Recordemos que cuando los funcionarios son malos, compran con pauta a los Periodistas para callarlos.

¿Conclusión? Esperar un milagro o pagar lo que la Administración Municipal ordene en medio de sus arbitrariedades. Así nos ha tocado a muchos frente a los abusos del IBAL, Celsia, Alcanos, etc. ================================================================

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