El sector inmobiliario propone medidas para afrontar contaminación ambiental

Además de la delicada situación del Covid-19, varias de las principales ciudades del país y sus áreas circundantes, están atravesando por una coyuntura de contaminación ambiental derivada de la mala calidad del aire en sus zonas urbanas, generando graves repercusiones y riesgos sobre salud de todo el territorio nacional. 

En estos últimos meses, específicamente desde finales de febrero y durante todo el mes de marzo, el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de las diferentes ciudades principales del país, reportó niveles sostenidamente elevados de material particulado fino (PM2.5) en las estaciones de monitoreo locales.

Dichos niveles, observados también el año anterior por esta misma época, excedieron el límite permisible de calidad del aire definido en la norma colombiana.

Se han generado diversas discusiones en torno a los efectos contaminantes de ciertos sectores de la economía colombiana, en especial el inmobiliario, así como propuestas de mediano y largo plazo que se enfoquen a los temas estructurales de la contaminación en las ciudades y no solo a paliativos de la actual crisis.

“No es un secreto que la población de las ciudades crece constantemente por efectos demográficos y migratorios, lo que genera incrementos en la demanda de espacios residenciales y soluciones de transporte”, asegura Daniel Romero, Analista Senior de Avalúos y Consultoría en CBRE Colombia, multinacional de bienes raíces. 

De acuerdo al experto de la multinacional de finca raíz, “esta dinámica aumenta la presión sobre los suelos de las ciudades, generando que los espacios suplan las demandas mencionadas. La presión genera una expansión de la mancha urbana hacia zonas rurales, otros municipios y laderas, lo que conlleva a varias consecuencias ambientales con efectos sobre la contaminación”.

Esta expansión generalmente se dirige hacia zonas alejadas de los centros de trabajo, que son relativamente estáticos, y por ende, generan mayores desplazamientos vehiculares y mayores emisiones. “La demanda por terrenos presiona la expansión inmobiliaria hacía zonas rurales con buena presencia de cobertura vegetal y la pérdida de ésta tiene dos efectos negativos para el medio ambiente: baja la capacidad de retención de carbono de las ciudades que depende directamente de los árboles que esta tenga y además libera carbono a la atmósfera debido a las talas de árboles, necesarias para urbanizar terrenos”, asegura Ramírez. 

Las autoridades urbanas se han enfocado en medidas restrictivas a la construcción en ciertas zonas, cambios en normatividades de parqueaderos y densidades y formulaciones de planes de redesarrollo en las ciudades, sin embargo, se hace necesario que el sector inmobiliario se apersone de proponer medidas de choque adicionales a los problemas ambientales.

“Estas propuestas pueden abordarse desde mejores análisis de mayor y mejor uso para aquellos terrenos a desarrollar y reestructurar. También en cuanto a la promoción y aplicación de prácticas ambientales en la construcción y adecuación de inmuebles”, señala Romero.

De igual forma, el sector avaluador ha hablado de “realizar actividades de reforestación adicionales a las exigidas por el gobierno, en cabeza de desarrolladores inmobiliarios y propuestas desde el gremio para un avalúo más integral de terrenos con áreas verdes, donde no solo se mida su valor maderable, sino sus efectos ambientales. Éstas y otras propuestas son necesarias para un correcto desarrollo de las actividades inmobiliarias, pero más importante, para la salud de los ciudadanos y la recuperación de la habitabilidad en nuestras ciudades”, finaliza Romero.

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