Además de la delicada situación del Covid-19, varias de
las principales ciudades del país y sus áreas circundantes, están atravesando
por una coyuntura de contaminación ambiental derivada de la mala calidad del
aire en sus zonas urbanas, generando graves repercusiones y riesgos sobre salud
de todo el territorio nacional.
En estos últimos meses, específicamente desde finales de febrero y durante todo
el mes de marzo, el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de las diferentes
ciudades principales del país, reportó niveles sostenidamente elevados de
material particulado fino (PM2.5) en las estaciones de monitoreo locales.
Dichos niveles, observados también el año anterior por esta
misma época, excedieron el límite permisible de calidad del aire definido en la
norma colombiana.
Se han generado diversas discusiones en torno a los efectos contaminantes de
ciertos sectores de la economía colombiana, en especial el inmobiliario, así
como propuestas de mediano y largo plazo que se enfoquen a los temas
estructurales de la contaminación en las ciudades y no solo a paliativos de la
actual crisis.
“No es un secreto que la población de las
ciudades crece constantemente por efectos demográficos y migratorios, lo que
genera incrementos en la demanda de espacios residenciales y soluciones de
transporte”, asegura Daniel Romero, Analista Senior de Avalúos y
Consultoría en CBRE Colombia, multinacional de bienes raíces.
De acuerdo al experto de la multinacional de finca raíz, “esta dinámica aumenta la presión sobre los suelos de las ciudades,
generando que los espacios suplan las demandas mencionadas. La presión
genera una expansión de la mancha
urbana hacia zonas rurales, otros municipios y laderas, lo que conlleva a
varias consecuencias ambientales con efectos sobre la contaminación”.
Esta expansión generalmente se dirige hacia zonas alejadas de los centros de
trabajo, que son relativamente estáticos, y por ende, generan mayores
desplazamientos vehiculares y mayores emisiones. “La demanda por terrenos presiona la expansión inmobiliaria hacía zonas
rurales con buena presencia de cobertura vegetal y la pérdida de ésta tiene dos
efectos negativos para el medio ambiente: baja la capacidad de retención de
carbono de las ciudades que depende directamente de los árboles que esta tenga
y además libera carbono a la atmósfera debido a las talas de árboles,
necesarias para urbanizar terrenos”, asegura Ramírez.
Las autoridades urbanas se han enfocado en medidas restrictivas a la
construcción en ciertas zonas, cambios en normatividades de parqueaderos y densidades
y formulaciones de planes de redesarrollo en las ciudades, sin embargo, se hace
necesario que el sector inmobiliario se apersone de proponer medidas de choque
adicionales a los problemas ambientales.
“Estas propuestas pueden abordarse desde
mejores análisis de mayor y mejor uso para aquellos terrenos a desarrollar y
reestructurar. También en cuanto a la promoción y aplicación de prácticas
ambientales en la construcción y adecuación de inmuebles”, señala Romero.
De igual forma, el sector avaluador ha hablado de “realizar actividades de reforestación adicionales a las exigidas por
el gobierno, en cabeza de desarrolladores inmobiliarios y propuestas desde el
gremio para un avalúo más integral de terrenos con áreas verdes, donde no solo
se mida su valor maderable, sino sus efectos ambientales. Éstas y otras
propuestas son necesarias para un correcto desarrollo de las actividades
inmobiliarias, pero más importante, para la salud de los ciudadanos y la
recuperación de la habitabilidad en nuestras ciudades”, finaliza Romero.