Escribe: Samuel Ángel*.-
Ahora un juez penal deberá estudiar el caso y decidir si acepta la preclusión, que en dado caso sería una suerte de absolución, o la niega, lo que exigiría nuevos argumentos de parte de la Fiscalía.
El Fiscal Gabriel Jaimes afirmó que varias de las conductas adjudicadas al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, “no tienen la característica de delito” y otras que sí lo son “no se le pueden atribuir como autor o partícipe”. Por esta razón la Fiscalía pidió el pasado viernes la preclusión de las investigaciones.
Esta decisión podría presuponer una absolución a la persona del exmandatario de manera anticipada, pero lo cierto es que el proceso sigue. Por el momento, el expresidente Álvaro Uribe celebra una victoria.
La Fiscalía también publicó en su comunicado con fecha del 5 de marzo de 2021 que “se actuó en cumplimiento del deber que le asiste y que está consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia: solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”.
Algunos antecedentes
Esta decisión tiene lugar después de nueve años, pues la génesis del expediente se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda por, precisamente, supuesta manipulación de testigos. De manera puntual, lo acusó de ir a las cárceles del país buscando declaraciones en su contra.
Pero casi dos años después, en septiembre de 2014, Cepeda hizo un debate en el Congreso de la República y presentó el testimonio del exparamilitar del Bloque Metro Juan Guillermo Monsalve.
Este le narró a Iván Cepeda, y después a la justicia, que en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia del expresidente, se habrían promovido grupos de autodefensa a mediados de los años 90.
El año pasado, Álvaro Uribe fue privado de su libertad por la Corte Suprema de Justicia, en una decisión de 1170 páginas en contra del expresidente, que investigaba el caso debido a la condición de Senador del exmandatario.
Sin embargo, Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso, ha reconocido públicamente en un video de una hora y 38 minutos que no dijo la verdad en sus declaraciones a la justicia.
Lo que sigue
Ahora un juez penal deberá estudiar el caso y decidir si acepta la preclusión, que en dado caso sería una suerte de absolución, o la niega, lo que exigiría nuevos argumentos de parte de la Fiscalía.
Sin embargo, y esto lo sabe el senador Cepeda, la justicia en Colombia se mueve mucho por lo que pase en los medios, y por eso, él, las farc y todos los aliados de la izquierda harán énfasis y escándalo por “falta de garantías en el proceso”.
Es seguro que Cepeda, quien curiosamente en este caso pasa a ser “la víctima” apelará la decisión, ya que incluso si el juez acepta la preclusión, las víctimas tienen derecho a apelar. Ahí el caso pasará a una segunda instancia en la que tres magistrados de mayor jerarquía deben estudiar qué hacer.
Aunque el juez que ahora se encargará del caso puede aprobar la preclusión en pocos días, el sistema garantista colombiano promete a las víctimas varias instancias para apelar la decisión y prolongar por varios meses este debate.
Seguramente este proceso se extenderá hasta entrada la época electoral, en la que cada uno de los grupos de poder buscará, a como dé lugar, ganar finalmente, para golpear a la opinión pública e incidir de esta manera en los votantes.
* Samuel Ángel, Abogado, escritor,
presidente del Instituto de Investigación Social Solidaridad.
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