Escribe: Juan Felipe Vélez.-
La Federación Colombiana de Víctimas de las farc (FEVCOL) llevó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un extenso documento en el que denuncia la posibilidad de que los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto colombiano queden en la impunidad bajo el actual sistema de Justicia Transicional optada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La denuncia se presentó ante la Fiscal de la CPI, Fatou Besouda, y la Vicefiscal James Stewart.
En su carta, FEVCOL pide a la CPI la intervención en el actual proceso de Justicia Transicional llevado a cabo por la JEP. Argumenta que hay serias fallas de orden procesal que no garantizan los derechos de verdad y justicia de las víctimas de este grupo terrorista. Según FEVCOL, se ha optado por llevar macro-casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no juicios que permitan determinar una responsabilidad individual del delito, yendo en contra de las disposiciones del Estatuto de Roma, al cual Colombia está suscrito.
Denuncias ante la CPI
La carta a la CPI denuncia que el acuerdo de paz permite a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) pedir perdón colectivo, incluso de forma escrita, es decir mostrarlo como una falla institucional; pero no requiere examinar la responsabilidad individual, incentivando la impunidad.
La JEP informó al representante de la oficina de FEVCOL que, hasta noviembre de 2019, 9.713 antiguos miembros de las farc-ep, 2.291 miembros de las fuerzas armadas y 63 funcionarios del Estado se han sometido a este tribunal.
Para la Federación de Víctimas, hasta ahora los delitos confesos por los integrante de las farc no concuerdan con las cifras que se tienen recaudadas por las propias autoridades colombianas y los estimativos que otros estudios independientes han recaudado sobre los crímenes de esta organización.
Según FEVCOL, miembros del Estado Mayor de las farc han negado en repetidas ocasiones que hayan incurrido en reclutamiento forzoso de menores de edad. Su antiguo comandante, Rodrigo Londoño, en su versión libre ante la JEP, el 9 de septiembre de 2020 negó que hubiese incurrido en esta práctica. Cerca de 40.000 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzoso entre 1990 a 2016.
Los jefes de las farc también niegan haber incurrido en violaciones, esclavitud sexual y realización de abortos forzosos, negación que también ha secundado Londoño. FEVCOL denuncia que toda la cúpula del Secretariado de las farc tiene denuncias por delitos de abuso sexual.
El otro argumento presentado por FEVCOL es que las farc trivializa los secuestros llamándolos “retenciones”. El objetivo de las farc es hacer pasarlos como una acción bélica y no como un crimen de lesa humanidad. Entre 1993 y 2020 más de 20.000 personas fueron secuestradas por las farc.
La JEP no satisface la búsqueda de la verdad, justicia y reparación
Para FEVCOL, las víctimas no encuentran en la JEP respuesta al derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Según la federación, a diferencia de las víctimas del Estado, las víctimas de este grupo terrorista no cuentan con un procedimiento legal para ser reparadas con ningún tipo de garantía procesal o patrimonial para ver sus derechos reconocidos.
La federación argumenta que los macro-casos se desarrollan en un procedimiento cuya estructura permite una demora injustificada y absolutamente incompatible con la intención de llevar a los responsables a juicio, sobre todo por la indulgencia y laxitud del trato hacia los exguerrilleros de las farc.
Evidencia de que dichos procedimientos no tienen como objetivo establecer una responsabilidad penal adecuada es la dilación injustificada por más de 10 meses por parte de la JEP para llevar a los líderes del Secretariado de las farc a presentar su testimonio.
¿Qué hace FEVCOL?
La Federación Colombiana de Víctimas de las frac se creó el 9 de abril de 2015 y actualmente representa a 260 organizaciones que agrupan alrededor de 225.000 víctimas del conflicto en 28 departamentos del país.
Desde su creación, FEVCOL se ha dedicado a recopilar información sobre los delitos de las farc a través del testimonio de las víctimas. De esta manera, construye una importante base de datos sobre los crímenes de este grupo terrorista, la cual se adjuntó a la denuncia consignada ante la CPI.