Reducir el Congreso, bajarles el sueldo y eliminar la JEP

Escribe: Luis Hernando Granada C.

En estos tiempos de pandemia y de emergencia económica, cobra vigencia la propuesta de un Representante a la Cámara para buscar enfrentar situación por el Covid-19.

La iniciativa del Representante Óscar Villamizar, se conoció a mediados del mes de abril de este año, refiriéndose solo a la reducción del Congreso a la mitad, con lo cual el Estado se estaría ahorrando un promedio de $8.640´000.000 mensuales, obviamente sin contar primas y demás prebendas otorgadas a nuestros “honorables” congresistas.

La propuesta legislativa la dio a conocer en su momento a través de su cuenta @OscarVillamiz al afirmar: “Hoy radico proyecto de Acto Legislativo que reduce de 280 curules a 157, es decir se eliminan 122 curules; el Senado pasará de 108 escaños a 51, y la Cámara de Representantes tendrá 106. El ahorro será de $8.640´000.000 mensuales, y para siempre”.

Sin embargo, aunque esa iniciativa es loable y productiva teniendo en cuenta el caudal de dinero que se desperdicia, valdría la pena igualmente cancelar la existencia de la JEP, un bodrio anticonstitucional impuesto por el camarada Chucky Santos y sus “angelitos” de las farc.

Mal contados el gobierno debe responderle a la JEP por una suma promedio de 100 millones de pesos mensuales, recordando que la JEP fue creada para “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”. Eso es lo que reza en el papel, pero se agrega además, que “el trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las farc, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles”.

Lo que sabe la opinión pública y dicho por ellos mismos –por la JEP–, es que ante los tales “magistrados” han pasado más de 12.000 delincuentes que no han recibido el menor castigo. Por eso la JEP es catalogada como un bodrio anticonstitucional que solo genera pérdidas por un valor superior a los 1.200 millones de pesos anuales sin contar con otros gastos ocultos hasta ahora.

Por eso, buscando más alternativas para sobrellevar la situación económica en medio del Covid-19 en Colombia, y aparte de estas dos iniciativas de reducir el Congreso a dos Parlamentarios por Departamento y con un sueldo máximo de $15 millones de pesos y sin más prebendas, aparte de ahorrarse el dinero que se le entrega a la JEP, son buenas iniciativas, sin desconocer que el Estado debe reducir el gasto público, eliminando funcionarios obsoletos e ineptos.

Habría que ir eliminando congresistas vagos, que son aquellos que a cambio de legislar a favor del pueblo, se dedican a entorpecer la labor del gobierno y sin presentar proyecto alguno.

La medida de reducir el Congreso, eliminar la JEP y reducir el gasto del Estado son medidas justas y necesarias de acuerdo a los efectos que la Covid-19 está ocasionando.

Lo anterior es difícil lograrlo, en primer lugar porque lógicamente los vagos del Congreso se van a oponer a la reducción del estamento y a la rebaja de su oneroso salario. De otra parte lo mismo sucederá con muchos funcionarios públicos, que ocupan sus puestos por estar pagando favores políticos. Por el lado de la JEP, éste bodrio anticonstitucional está apoyado y protegido por la mafia transnacional comunista/socialista, y solo el pueblo, por medio de una acción legal podría acabar con el esperpento.

De todas maneras las cartas están puestas sobre la mesa y del pueblo depende lograr tal cometido. Eso teniendo en cuenta que el pueblo es soberano y que aún seguimos dentro de un Estado Social de Derecho.

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