Durante las tres últimas vigencias fiscales la Policía Nacional distribuyó bonos por $25.000 millones de pesos entre los miembros de las unidades que prestan el servicio de seguridad en todo el país, pero no usó un rasero que garantizará la equidad en su distribución.
El hallazgo fue hecho por la Contraloría General de la República durante el desarrollo a una auditoría de cumplimiento al Fondo Rotatorio de la institución.
Además de la falta de equidad en la distribución de los incentivos a los policías que a diario responden por la preservación del orden público, los auditores encontraron también otras falencias relacionadas con la ejecución de convenios interadministrativos celebrados durante la vigencia de 2018.
A su juicio, esas deficiencias “dificultaron la armonía en el ejercicio de las funciones administrativas y el logro de los fines del Estado”.
Fueron detectadas además deficiencias en la planeación de los procesos contractuales durante la adquisición de bienes y servicios. Una de las principales consistió en que no fueron realizados los estudios de necesidades de acuerdo con la totalidad de beneficiarios.
El Fondo, según los resultados del ejercicio auditor, se limitó a tomar como referencia la disponibilidad presupuestal de la entidad. Igualmente se evidenciaron deficiencias de interventoría y supervisión, como es el caso del contrato de obra No. 232-3-2015 en el que se encontraron faltantes de obra por valor de $12.008.718,96.